La implementación en el ordenamiento interno de obligaciones emanadas del Derecho Penal Internacional con especial énfasis en los crímenes internacionales: Una mirada a los procesos en Colombia, Perú y Venezuela

Abstract

América Latina no ha sido ajena a situaciones de conflicto armado u otras situaciones de violencia. Dichas situaciones nos exigen análisis con enfoques teóricos, así como prácticos. Un factor esencial en estos análisis ha sido -y continúa siendo- la necesidad de asegurar la compatibilidad de los ordenamientos jurídicos nacionales con el Derecho Penal Internacional, con el fin último de luchar contra la impunidad y prevenir la comisión de crímenes internacionales. Ello se traduce en la necesidad de llevar a cabo una implementación integral de las obligaciones emanadas de los tratados relevantes sobre la materia ratificados por los países. Este factor puede garantizar que los países de la región tengan las herramientas jurídicas adecuadas para realizar una debida calificación jurídica de las situaciones de conflicto armado de violencia que puedan ser consideradas como crímenes internacionales y delitos relacionados con el uso de la fuerza por parte de autoridades del Estado; para proceder a una aplicación del marco jurídico respectivo según las características que se reúnan en un contexto y tiempo específico; y para poder judicializar las conductas respectivas con tipos penales que atiendan tanto a la naturaleza de los hechos como al contexto en el que los mismos se llevan a cabo. De este modo, el artículo incluye un análisis del estado de la implementación de las obligaciones internacionales de Colombia, Perú y Venezuela en materia de crímenes internacionales, así como, donde es relevante, de los delitos relacionados con el uso de la fuerza por parte de autoridades del Estado. Con ellos, se busca constatar los aciertos y los vacíos normativos, las prácticas legislativas en la forma de implementación, así como los aportes jurisprudenciales que han complementado los marcos jurídicos existentes.  

Latin America has not been unaffected by situations of armed conflict or other situations of violence. These situations require analysis from both theoretical and practical approaches. A key component of these analysis has been - and continues to be - the need to guarantee the compatibility of national legal systems with International Criminal Law, with the aim of fighting against impunity and to prevent the commission of international crimes. This translates into the need to carry out a comprehensive implementation of obligations arising from relevant treaties in this area ratified by States. This factor could guarantee that countries in the region have adequate legal tools to make a correct legal assessment of armed conflicts or situations of violence which may amount to international crimes and crimes related to the use of force by State agents; in order to apply the relevant legal framework according to the characteristics of a specific context and time; and to prosecute criminal conducts using the criminal offenses that best respond to the nature of the events and the context in which they took place. In this sense, this paper contains an analysis of the status of the national implementation in Colombia, Peru and Venezuela of international obligations regarding international crimes as well as, where relevant, crimes related to the use of force by State agents. Thus, the authors aim at identifying legislative successes and gaps, regulatory practices for implementation, as well as the contributions of case-law that have complemented current legal frameworks.